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Ley del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de San Luis Potosi

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Vincent

LEY DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 12 DE DICIEMBRE DE 2022.

Ley publicada en la Edición Extraordinaria del Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, el sábado 3 de junio de 2017.

Juan Manuel Carreras López, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a sus habitantes sabed: Que el Congreso del Estado ha Decretado lo siguiente:

DECRETO 0654

La Sexagésima Primera Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí

Decreta

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

[...]

ARTÍCULO ÚNICO Se expide la nueva Ley del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de San Luis Potosí; con el texto y contenido que sigue

LEY DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES Artículos 1 a 24
Capítulo Único Artículos 1 a 4

De su naturaleza y objeto

ARTÍCULO 1° La presente Ley tiene por objeto instituir el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría General de Gobierno, y establecer las atribuciones, estructura orgánica, aplicación de los modelos de atención existentes y mecanismos que rigen su actuación.
ARTÍCULO 2° El Centro de Justicia para las Mujeres, es el organismo encargado de brindar atención y servicios integrales, multidisciplinarios y transversales bajo el mismo techo a las mujeres víctimas de violencia y sus menores hijos e hijas, con un enfoque de derechos humanos, de género y de interés superior de la infancia, y tendrá los siguientes objetivos generales:

  1. Asesorar, apoyar y acompañar a las mujeres víctimas de violencia y en su caso a sus menores hijos e hijas en los procesos necesarios para resolver su problemática en torno a la violencia, recuperar su seguridad, lograr su pleno acceso a la justicia y contribuir a que en los ámbitos de la vida familiar, social, cultural, educativa, laboral, política y económica, las mujeres puedan alcanzar los niveles de bienestar y acceso a las oportunidades, libres de violencia y en condiciones de igualdad que les permitan lograr su pleno desarrollo humano;

  2. Coordinar a las diversas instituciones públicas y privadas que lo conforman y dar certeza, uniformidad, calidad y seguridad jurídica a la actuación integral de las mismas para que las mujeres víctimas de violencia así como sus menores hijos e hijas puedan obtener un claro y efectivo acceso a la justicia de manera integral;

  3. Proporcionar orientación y atención a las mujeres, sus hijas y sus hijos para salvaguardar en todo momento su integridad como usuarias del Centro;

  4. Facilitar a las mujeres víctimas de violencia el acceso a la justicia, para combatir y contrarrestar la violencia que sufren y pone en riesgo su vida;

  5. Ofrecer un ambiente seguro, empático y confiable a las usuarias, sus hijas e hijos, en donde se respete su dignidad;

  6. Contribuir a la reducción de las tasas de violencia de género, familiar, sexual y de homicidios dolosos contra mujeres tipificados como feminicidios;

  7. Fomentar el incremento de las denuncias y reducir la impunidad;

  8. Favorecer una mayor confiabilidad en el sistema de justicia;

  9. Evitar la revictimización de las usuarias (sic) través de la prestación de servicios integrales y multidisciplinarios bajo el mismo techo y a través de las redes de instancias asociadas;

  10. Generar estudios, información y estadísticas sobre la violencia contra las mujeres, sus causas y consecuencias, y

  11. Consolidar un equipo multidisciplinario profesionalizado y destacado en el tema de género y violencia contra las mujeres.

ARTÍCULO 3°

El Centro articulará los esfuerzos de las diversas instituciones del Estado integradas al mismo, para facilitar el acceso a la justicia y la prevención de los factores de riesgo de las mujeres, niñas y niños cualquiera que sea su condición, logrando para estas, así como para sus hijas e hijos, una mayor seguridad, con el apoyo de una red de colaboración, favoreciendo su empoderamiento social y económico.

Las dependencias, entidades e instituciones que se señalan en este artículo, deberán integrarse en el Centro con una representación, para atender de acuerdo a su naturaleza y a lo dispuesto en la presente Ley, los asuntos y brindar los servicios que le sean encomendados por la Coordinación General del mismo, bajo los principios que en este ordenamiento se establecen:

  1. Centro de Atención Integral a Víctimas;

  2. Comisión Estatal de Derechos Humanos;

  3. Consejo Estatal de Población;

  4. Defensoría Pública del Estado;

  5. Instituto de las Mujeres del Estado;

  6. Instituto para el Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades indígenas;

  7. Instituto Potosino de la Juventud;

  8. Secretaría de Desarrollo Económico;

  9. Secretaría de Desarrollo Social y Regional;

  10. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado;

    (REFORMADA, P.O. 12 DE DICIEMBRE DE 2022)

  11. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana;

  12. Secretaría de Salud;

  13. Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

  14. Servicios de Salud en el Estado;

  15. Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado SIFIDE;

  16. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, DIF Estatal;

  17. Organizaciones de la sociedad civil;

  18. Poder Judicial del Estado, y

  19. Procuraduría General de Justicia del Estado.

    El Centro podrá celebrar convenio con los ayuntamientos de los municipios en donde se establezca, a fin de que estos últimos integren una representación municipal en las instalaciones del Centro, a través del DIF Estatal o, en su caso, de la instancia municipal que atienda a las mujeres; así mismo, para acordar que el municipio se haga cargo de los servicios municipales que requiera el Centro para su operación y funcionamiento.

ARTÍCULO 4° Para efectos de la interpretación de la presente Ley se entiende por:

  1. Centro: el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de San Luis Potosí;

  2. Usuarias: las mujeres víctimas de violencia, que son atendidas por el Centro en cualquiera o en varias de sus áreas de atención, así como en su caso sus menores hijas e hijos;

  3. CAIV: Centro de Atención Integral a Víctimas;

  4. DIF Estatal: el Sistema para la Atención Integral de la Familia del Estado;

  5. SEDESORE: Secretaría de Desarrollo Social y Regional, y

  6. SEGE: Secretaría de Educación del Gobierno del Estado.

TÍTULO SEGUNDO Artículos 5 a 7

DE LOS PRINCIPIOS RECTORES, LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO, Y DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN

Capítulo I Artículo 5

De los Principios Rectores del Centro

ARTÍCULO 5° El Centro regirá su actuación y prestará sus servicios a las personas usuarias, bajo los siguientes principios:

  1. Respeto a la dignidad humana: se refiere al valor del Ser Humano perteneciente a un orden superior, que permite reconocer en cada mujer, a una persona merecedora de respeto, con inteligencia y capacidad de ejercer su libertad a través de sus opiniones y decisiones. La dignidad humana permite asegurar el efectivo ejercicio de los derechos humanos;

  2. No discriminación: a ninguna mujer se le podrán negar los servicios y la atención que se presten (sic) el Centro en razón de su edad, origen étnico, lengua, condición jurídica, preferencia sexual, religión, pertenencia política, condición socioeconómica, estado de salud, o cualquiera otra condición;

  3. Confidencialidad: para garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos, en un ambiente de confianza entre la mujer y quienes se encargan de atenderla, deberá asegurarse el manejo confidencial de sus datos personales que deberán quedar protegidos bajo el artículo 13, fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y la secrecía de su ubicación en caso de canalizarse a un Refugio, así como el manejo confidencial de la información que proporcione en torno a su caso, salvo aquella que sea indispensable para promover las acciones jurídicas que procedan a su favor;

  4. Debida diligencia: el acceso expedito, oportuno y efectivo a todos los recursos gubernamentales existentes para atender la violencia contra las mujeres. Contempla las medidas de: prevención, investigación oportuna, acciones para la sanción y reparación de las violaciones a los derechos humanos y acciones para evitar la impunidad;

  5. Perspectiva de género: la atención a la violencia contra las mujeres desde la perspectiva de género implica reconocerla como un problema que se explica por la posición de desventaja social de las mujeres frente a los hombres y toma en cuenta las características e historias personales de mujeres que viven en situación de violencia y sus agresores, sin perder de vista el contexto social en el que ocurre la violencia;

  6. Integralidad: la concentración de diversos servicios para las mujeres y su coordinación para agilizar los procesos que inicien y...

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