Manual General de Organización de la Secretaría de la Contraloría
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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
ÍNDICE
Presentación
I. Antecedentes
II. Base Legal
III. Atribuciones
IV. Objetivo General
V. Estructura Orgánica
VI. Organigrama
VII. Objetivo y Funciones por Unidad Administrativa
Secretaría de la Contraloría
Secretaría Particular
Unidad de Planeación y Evaluación Institucional
Dirección de Planeación y Desarrollo Administrativo
Dirección de Evaluación
Subdirección de Información
Unidad de Normatividad y Apoyo Jurídico
Contraloría Interna
Dirección de Control y Evaluación
Dirección de Responsabilidades
Coordinación de Administración
Subdirección de Administración de Recursos
Departamento de Personal
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Subdirección de Contabilidad y Control Presupuestal
Delegaciones Administrativas (3)
Unidad de Evaluación de la Satisfacción Social en Trámites y Servicios Gubernamentales y de Transparencia
Subsecretaría de Control y Evaluación
Unidad de Seguimiento y Apoyo Técnico
Laboratorio de Análisis y Verificación de Calidad de Materiales de Construcción
Dirección General de Control y Evaluación “A” “B” y “C”
Direcciones de Control y Evaluación “A-I” “A-II” y “A-III”
Direcciones de Control y Evaluación “B-I” “B-II” y “B-III”
Direcciones de Control y Evaluación “C-1” “C-II” y “C-III”
Dirección General de Control y Evaluación de Tecnologías de Información
Dirección de Control y Evaluación de Sistemas
Dirección de Desarrollo de Sistemas
Dirección General de Responsabilidades
Dirección de Responsabilidades Administrativas “A”
Departamento de Procedimientos Administrativos “A”
Departamento de Quejas y Denuncias
Dirección de Responsabilidades Administrativas “B”
Departamento de Procedimientos Administrativos “B”
Dirección de lo Contencioso e Inconformidades
Departamento de lo Contencioso
Departamento de Inconformidades
Dirección de Conflicto de Intereses, Manifestación de Bienes y Sanciones
Departamento de Recepción y Análisis de Manifestación de Bienes y Declaración de Intereses
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Departamento de Resguardo y Registro de Procedimientos y Sanciones
Dirección General de Contraloría y Evaluación Social
Subdirección de Participación Ciudadana en el Control Interno
Departamento de Control y Vigilancia de Obra
Departamento de Control y Vigilancia de Programas Sociales
Subdirección de Atención Ciudadana y Evaluación
Delegaciones Regionales de Contraloría Social y Atención Ciudadana Zonas: Oriente, Sur, Sureste, Norte, Noreste,
Metropolitana y Toluca (7)
Dirección de Ética y Prevención de la Corrupción
VIII. Directorio
IX. Validación
X. Hoja de Actualización
PRESENTACIÓN
La sociedad mexiquense exige de su gobierno cercanía y responsabilidad para lograr con hechos, obras y acciones, mejores condiciones
de vida y constante prosperidad.
Por ello, Dr. Eruviel Ávila Villegas, Gobernador Constitucional del Estado de México, impulsa la construcción de un gobierno eficiente y de
resultados, cuya premisa fundamental es la generación de acuerdos y consensos para la solución de las demandas sociales.
El buen gobierno se sustenta en una administración pública más eficiente en el uso de sus recursos y más eficaz en el logro de sus
propósitos. El ciudadano es el factor principal de su atención y la solución de los problemas públicos su prioridad.
En este contexto, la Administración Pública Estatal transita a un nuevo modelo de gestión, orientado a la generación de resultados de valor
para la ciudadanía. Este modelo propugna por garantizar la estabilidad de las instituciones que han demostrado su eficacia, pero también
por el cambio de aquellas que es necesario modernizar.
La solidez y el buen desempeño de las instituciones gubernamentales tienen como base las mejores prácticas administrativas emanadas de
la permanente revisión y actualización de las estructuras organizacionales y sistemas de trabajo, del diseño e instrumentación de proyectos
de innovación y del establecimiento de sistemas de gestión de calidad.
El presente manual administrativo documenta la acción organizada para dar cumplimiento a la misión de la Secretaría de la Contraloría. La
estructura organizativa, la división del trabajo, los mecanismos de coordinación y comunicación, las funciones y actividades encomendadas,
el nivel de centralización o descentralización, los procesos clave de la organización y los resultados que se obtienen, son algunos de los
aspectos que delinean la gestión administrativa de esta dependencia del Ejecutivo Estatal.
Este documento contribuye en la planificación, conocimiento, aprendizaje y evaluación de la acción administrativa. El reto impostergable es
la transformación de la cultura hacia nuevos esquemas de responsabilidad, transparencia, organización, liderazgo y productividad.
I. ANTECEDENTES
La función de control y evaluación gubernamental es inherente al nacimiento del Estado de México como entidad federativa, esto se puede
observar en lo dispuesto en la ”Ley Orgánica Provisional para el Arreglo Interior del Estado”, publicada el 6 de agosto de 1824, en la que
establecía que la administración gubernamental contaba con una Tesorería General del Estado y también con una Contaduría, que tenían
entre otras responsabilidades: Recaudar todos los caudales para el gasto del Estado y el examen y glosa de las cuentas del Estado,
respectivamente.
En octubre de 1827, se expide el primer Reglamento Interior para la Secretaría de Gobierno, que especifica la estructura orgánica que
tendrá el Poder Ejecutivo y su administración pública. En este ordenamiento se puede constatar todavía la existencia de la Contaduría,
dependiendo de la Tesorería General que formaba parte del Departamento de Hacienda.
En noviembre de 1846, se expidió el Reglamento Orgánico de las Oficinas Generales de Hacienda, que disponía la creación de una
Administración General con nivel de Dirección, paralela a la Tesorería General y Contaduría ya existentes. Estas unidades administrativas
se mantuvieron hasta 1917, año en el que se estableció la Procuraduría General de Hacienda, creada con el objeto de defender los
intereses de la Hacienda Pública del Estado y sus Municipios. Entre sus funciones principales estaban la de representar a la Hacienda
Pública en los asuntos de su competencia legal, promover el pago de los contribuyentes de acuerdo a las leyes y cuidar que la
administración de los bienes y rentas del Estado se realizaran conforme a la ley.
Durante el período de Isidro Fabela Alfaro (1942-1945), el Gobierno del Estado de México, consideraba como una de sus tesis principales la
moralización de la Administración Pública, con la finalidad de dar respuesta a una sociedad que exigía la erradicación de los graves
problemas de corrupción, pistolerismo y nepotismo que prevalecían en esa época. El programa se caracterizaba por promover tres
premisas fundamentales: La honestidad de los servidores públicos, la fiscalización y austeridad del gasto y el control interno de la propia
administración.
El período de gobierno de Alfredo del Mazo Vélez (1945-1951), se caracterizó por reafirmar el compromiso moral hacia la sociedad, iniciado
por su antecesor. En su programa de gobierno expuso como una de sus primeras preocupaciones, el velar por la buena marcha del
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quehacer público, evitando las corrupciones administrativas y financieras y fomentando la eficiencia y moralidad en el desempeño de la
función pública. Fomentaba constantemente la honestidad de los servidores públicos y conminaba la actuación con responsabilidad y el
respeto a los elementales principios de ética.
En el período de Salvador Sánchez Colín (1951-1957), se promovió la primera “Ley Orgánica de las Dependencias del Poder Ejecutivo”,
publicada en la Gaceta del Gobierno el 13 de julio de 1955, en la cual se establecía la forma de funcionamiento que debería adoptar el
gobierno. Entre las diversas direcciones que se constituyeron se encuentra la Dirección General de Hacienda, cuyas funciones se
relacionaban con la política fiscal; la recaudación y vigilancia de las contribuciones, así como con aquellas inherentes a la glosa preventiva
de las cuentas y al control de bienes muebles e inmuebles.
Un hecho que destaca la gestión del Ing. Sánchez Colín, fue haber promovido la expedición de la primera “Ley de Responsabilidades de
los Funcionarios y Empleados Públicos del Estado, los Municipios y Organismos Públicos Descentralizados”, con lo que refrendaba el
proceso de moralización administrativa de los gobiernos anteriores. Para este gobernante, esta ley constituía una premisa fundamental de
su gobierno para regular la conducta de los funcionarios públicos y reprimir los actos omisos y negligentes, que desvirtúan y degeneran la
función encomendada. Por primera vez se tipifican los delitos oficiales por deshonestidades administrativas y financieras.
Una acción complementaria para evitar el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, fue el establecimiento de la investigación
patrimonial, que sería causa suficiente para presumir la falta de probidad y honradez. Asimismo, reafirmó la denuncia popular y facultó al
ministerio público para intervenir en actos de esta naturaleza y fincar responsabilidades.
En el período del gobernador Gustavo Baz Prada (1957-1963), se continúo promoviendo la honestidad y la ética política, y se reconoció la
importancia de la participación ciudadana en la solución de problemas.
El gobierno de Juan Fernández Albarrán (1963-1969), se destaca por continuar con el proceso de moralización administrativa, así se infiere
del impulso a la honestidad, a la verdad y la decencia de los funcionarios, para erradicar los vicios y corruptelas como el amiguismo y el
caciquismo, también fomentó la aplicación de la Ley de Responsabilidades y el civismo para formar buenos funcionarios y lograr una
administración justa y transparente.
En la administración de Carlos Hank González (1969-1975), se promovió el fortalecimiento del control interno con la creación de la
Contraloría General de Gobierno, así como con la implantación de acciones para moralizar la función pública y de medidas de control y
austeridad para contrarrestar el crecimiento de la administración pública. Reformó la estructura orgánica y funcional del gobierno para
ejercer las funciones de evaluación y control del aparato estatal y de los organismos descentralizados, principalmente para supervisar su
funcionamiento y el ejercicio de los recursos financieros, materiales y humanos que tenían asignados.
En el período de Jorge Jiménez Cantú (1975-1981), se expidió una nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en la que se le encomendaban
nuevas funciones a la Contraloría General, tales como vigilar el ejercicio presupuestario; supervisar y evaluar la organización hacendaria; y
vigilar y supervisar los programas por objetivos.
Durante el gobierno de Jiménez Cantú se promovió la desconcentración de la Contraloría General, mediante el establecimiento de siete
delegaciones regionales. En 1980 se formalizó el organigrama de la Contraloría, la cual contaba con tres jefaturas de departamento
responsables del control de los organismos descentralizados, además de las jefaturas de departamento de control de obras, auditoría
interna y de control financiero.
Durante el gobierno de Alfredo Baranda García (1986-1987), se proyecta una administración más eficaz y moralista, se promueve para ello
una actuación transparente; una mística de productividad y eficiencia; y con ello se aspira a lograr una mayor confianza de la ciudadanía en
el gobierno e incrementar la honestidad en el ejercicio de la función pública. Combatir la corrupción se consideraba como una actitud
permanente que debían tener los funcionarios. Este gobernante para fortalecer su tesis, promovió la expedición del “Reglamento para la
Entrega y Recepción de las Dependencias, Organismos Auxiliares y Fideicomisos de la Administración Pública Estatal”.
La administración de Mario Ramón Beteta Monsalve (1987-1989), también promovió la moralización administrativa y la evaluación y control
del aparato estatal, estimulando la simplificación administrativa para mejorar el servicio público. La prioridad en su gestión continuaba
siendo el combate a la corrupción en todas sus formas, sus acciones reafirman su pensamiento de eficiencia y honradez, al suscribir con el
Gobierno Federal el Acuerdo de Coordinación del Sistema Estatal de Control y Evaluación Gubernamental.
Durante la administración de Ignacio Pichardo Pagaza (1989-19 93) se introdujeron nuevas reformas a la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México, entre las que destacan las relativas a erradicar la corrupción. Es así que el 11 de octubre de 1989 se crea la
Secretaría de la Contraloría mediante Decreto No. 88 de la “L” Legislatura. Entre sus principales funciones están la instrumentación de
mecanismos de seguimiento y evaluación de la gestión pública, así como el diseño y aplicación de medidas de control adecuadas para la
vigilancia de la actuación de los servidores públicos.
En septiembre de 1990 se promovió la expedición de una nueva Ley de Responsabilidades, orientada a la renovación de los mecanismos
de control interno, en congruencia con el crecimiento del aparato estatal, lo cual facilitaría cumplir con la fiscalización del gasto público.
En 1993 se inicia formalmente el proceso de desconcentración funcional de la dependencia, al establecer por Acuerdo del Secretario de la
Contraloría, siete Delegaciones Regionales: Oriente, Noreste, Valle de México, Sur, Sureste, Norte y Valle de Toluca. Al mismo tiempo, por
acuerdo del C. Gobernador se establecieron las Contralorías Internas en las Dependencias y en la Procuraduría General de Justicia de la
Administración Pública Estatal, para realizar las funciones de control y evaluación gubernamental.
Durante la administración de César Camacho Quiroz (1995-1999), se consolidó el esquema de evaluación y control, mediante el
establecimiento de mecanismos de coordinación entre los gobiernos Estatal, Federal y municipales de la entidad, lo que permitió coadyuvar
al fortalecimiento del Programa Anticorrupción e impulsar las relaciones intergubernamentales estado-municipios, al crear la Comisión
Permanente de Contralores Municipales.
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