Ley organica de la procuraduria general de justicia del Estado de Queretaro

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Ley organica de la procuraduria general de justicia del Estado de Queretaro

ING. IGNACIO LOYOLA VERA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, a los habitantes del mismo, sabed que:

LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTICULOS 40 Y 41 FRACCION II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUERÉTARO ARTEAGA, Y

C O N S I D E R A N D O:

Que nuestro Estado tiene características geográficas y con gran diversidad de recursos naturales. Sin embargo, las diferencias socioeconómicas existentes derivadas del desarrollo de las actividades económicas urbanas e industriales concentradas en la parte centro y sur del Estado y por otro las actividades agropecuarias y forestales de las regiones serranas significan ciertas desventajas para el desarrollo, como son: una gran dispersión de la población, alto costo económico para la introducción de infraestructura a la gran cantidad de pequeñas localidades, bajos niveles de vida en el medio rural y subutilización o sobreexplotación de gran parte de los recursos naturales existentes, así como una gran demanda de recursos energéticos y elevada contaminación de aire, agua y suelo, siendo que para el XII Censo General de Población y Vivienda del 2000 reporta una población de 1,398,148 habitantes representando el 1.44% de la población nacional, asentados en un territorio de 11,769 km2 es decir, el 0.62% del total nacional. El 60% habitan en zonas urbanas y el resto en zonas rurales. En la entidad la densidad de población es superior al promedio nacional y es un indicador de las aglomeraciones urbanas dentro de proceso de rápida urbanización, existen la ciudad de Santiago de Querétaro donde se concentra el 37% de la población y se conurba con dos municipios importantes que lo son Villa Corregidora y Villa de El Marques, considerados también estos como una fuerte atracción migratoria.

De esos municipios y los demás que integran al estado plantean a las autoridades estatal y municipal enormes esfuerzos para atender las demandas básicas de empleo, vivienda, equipamiento urbano, transporte, educación, salud y seguridad pública.

Estas zonas se caracterizan por una importante infraestructura, amplias zonas habitacionales en donde se asientan familias de los más diversos estratos sociales, una industria y un comercio muy dinámicos, condiciones que han favorecido el incremento de la criminalidad por la potencialidad económica de amplios sectores sociales, las industrias y comercios que, es necesario decirlo, contrastan con los problemas de marginalidad social que viven algunos sectores de los estados vecinos y del Distrito Federal, y debido a la intensificación de continuos cateos y operativos policiales en barrios considerados de alta delincuencia en la Capital de la República, y como consecuencia de ello los delincuentes de esos lugares migran a ciudades con mejores condiciones de vida que donde viven, como lo es nuestro Estado.

Nuestra entidad integrada con la población indígena que representa el 1.80% de la población estatal donde predomina la lengua otomí, e igualmente año con año incrementa el Producto Interno Bruto Nacional, su contribución en el año de 1996 lo fue del 1.64%.

En la entidad existen desarrollos industriales y en el sector servicios, estas unidades económicas proporcionan empleo y representan el sustento de un importe número de familias queretanas y de otros núcleos familiares de entidades vecinas, requiriendo para invertir y reinvertir las condiciones propias que garanticen el capital y el trabajo, en ese contexto, la seguridad pública en su amplio sentido adquiere prioridad en la agenda de la actual administración.

Sólo en un ambiente de seguridad, orden, respeto a la ley y a los derechos humanos, los queretanos podemos desarrollar a plenitud nuestras potencialidades individuales y sociales.

Que el Plan Estatal de Desarrollo establece que una de las vertientes principales de la función pública de la presente administración se encuentra en la consolidación del Estado de Derecho; para ello, el lineamiento del fortalecimiento jurídico parte de que la legalidad regula la convivencia social al establecer las reglas de las relaciones entre el Estado y los gobernados y de éstos entre sí, de tal manera que es preciso revisar y difundir el marco jurídico.

Compete a las autoridades de seguridad pública preventiva el control de la criminalidad, es decir, el abatimiento del índice delictivo, evitar que la conducta antijurídica se cometa, es responsabilidad de las autoridades procuradoras de justicia erradicar la impunidad, lograr que quien infringe la ley y entre otros lesiona la integridad, el patrimonio, la vida de las personas sea justamente sancionado.

La Procuraduría es responsable de la investigación y persecución de los delitos, de ejercitar ante el juez la acción penal en contra de quien ofende a la sociedad con una conducta ilícita. El órgano persecutor se inserta formalmente en el ámbito del Poder Ejecutivo, su adec...

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