Ley organica del poder legislativo del Estado de Queretaro

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LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERETARO

ULTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL: 17 DE NOVIEMBRE DE 2006.

Ley publicada en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro, el viernes 19 de septiembre de 2003.

LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 Y 41 FRACCION I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUERÉTARO ARTEAGA, Y

C O N S I D E R A N D O

Desde los planteamientos conceptuales del Barón de Montesquieu, el Poder Legislativo asume un lugar preponderante entre los tres órganos del Estado, constituyéndose como una asamblea popular y representante directa del pueblo. John Locke, al situar al legislativo en su relación con los otros órganos del Estado, considera al ejecutivo y al judicial como poderes ejecutores, bajo la premisa de que al Poder Legislativo se encomienda la producción de las leyes y el ejercicio de la voluntad política, general y abstracta del pueblo.

El Poder Legislativo es así, un ente colegiado que discute y asume determinaciones en nombre y representación de los ciudadanos, lo que conlleva a priorizar que la Legislatura se encuentre dotada de preceptos adecuados para su buen funcionamiento y eficiente desempeño; puesto que de no ser así, se corre el riesgo de irrumpir en la anarquía y la ilegalidad: anarquía que impide llevar a cabo las discusiones en forma ordenada y tomar decisiones con clara conciencia de lo que se ha discutido, con información suficiente y en absoluto ejercicio de una libertad responsable.

El proceso legislativo constituye, un orden lógico-jurídico de actos encauzados a cumplir una función representativa del pueblo, haciéndose necesaria la creación de una nueva Ley Orgánica que permita al legislador contar con un conjunto de herramientas normativas adaptadas para desempeñar perfectamente no sólo su función legislativa, sino también la fiscalizadora y representativa, a la altura de las necesidades actuales que demanda nuestra sociedad.

Resulta, imprescindible reglamentar eficazmente las funciones y atribuciones de la Legislatura del Estado y de sus órganos y dependencias, normando los procedimientos que derivan de esas atribuciones y definiendo derechos y obligaciones de los integrantes de la Legislatura y de los funcionarios públicos a su servicio, para garantizar que todo el actuar de la Legislatura no se halle al arbitrio de persona alguna.

La eficacia práctica de la normatividad que debe regir el proceso legislativo resulta estrictamente indispensable, puesto que quienes hacen las leyes, inexorablemente deben sujetar su actuación a la ley, evitando bajo cualquier concepto incurrir en la comisión de actos o decisiones anárquicos, confusos o desordenados.

Para lograr la expedición de leyes precisas y congruentes, debe seguirse un proceso claro y articulado que no puede inventarse sobre la marcha, ni mucho menos improvisarse, sino que ha de definirse perfectamente en una norma anterior al hecho o hechos que habrá de regular y que invariablemente ha de tener carácter general y obligatorio.

Es así que han surgido múltiples leyes y reglamentos tendientes a regular la función de los parlamentos como cuerpos colegiados, delimitando así sus funciones y facultades constitucionales. En nuestra entidad, el Poder Legislativo se ha regido desde 1825 por diversos acuerdos, leyes, decretos y reglamentos que han servido para regir la vida interna de la institución y la actividad del legislador en su propio momento histórico.

Las circunstancias sociales y políticas actuales que rodean al Poder Legislativo, sin embargo, distan mucho de las que prevalecían en 1991 y 1997, años en los que fueron expedidos el Reglamento para el Gobierno Interior y de Debates y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que en su tiempo fueron útiles para un Poder Legislativo con características distintas al de hoy. La década de los noventas introdujo profundas variaciones en el sistema político mexicano y Querétaro no se mantuvo al margen de esos cambios. En ese lapso de ajustes y nuevos arreglos institucionales, la historia política moderna de nuestra entidad vivió el fenómeno de la alternancia en el poder y con ello, se impuso la necesidad de replantear la relación entre los poderes y revisar el andamiaje legal en que esa relación se construye día a día.

Poco a poco, la Legislatura y los demás poderes y entidades oficiales del Estado se han enfrentado a nuevos y difíciles retos derivados de esta circunstancia inédita. Sin duda alguna, el desarrollo de expresiones democráticas en el Estado de Querétaro ha implantado paulatinamente nuevos modelos de relación entre los actores políticos, sobre la base de la pluralidad ideológica, el respeto al disenso, la práctica de la negociación y el sometimiento a la ley. El Poder Legislativo de Querétaro ha incrementado en número y calidad su actividad legislativa y de fiscalización y ha ensanchado su campo de autonomía respecto del Ejecutivo, mientras éste se ha vuelto más crítico respecto de los quehaceres parlamentarios, tal como ocurre con toda naturalidad en los sistemas democráticos en los que impera la auténtica división de poderes. Al canalizar el Congreso el respaldo del partido en el gobierno y las disidencias de la oposición, el Ejecutivo cuenta con un contrafuerte que lo restringe, ciertamente, pero también con un engranaje institucional que fortalece el desarrollo de su función política y administrativa.

En este orden de ideas, el entramado legal que sirve de base a la relación entre los Poderes y a la vida institucional interna del Poder Legislativo, ha demandado una pronta y exhaustiva revisión a efecto de ponerse al día con el entorno del Estado. A la fecha, un detallado cotejo de los textos legales que regulan el quehacer parlamentario, revela serias contradicciones que impiden el desahogo eficiente de la función legislativa, por lo que ha sido preciso examinarlos en conjunto para superar sus deficiencias y buscar a través de ellos, el objetivo de una mayor economía procesal, sencillez, transparencia, continuidad institucional y disciplina interna en la actividad de la Legislatura.

Tan es así que en la búsqueda de agilizar los procedimientos se suprimen acciones de mero trámite como la lectura de los dictámenes y las actas, procedimientos que en la práctica han demostrado ser la causa directa del entorpecimiento de la labor legislativa durante las sesiones de Pleno. Son Documentos cuya lectura resulta por demás innecesaria al encontrarse insertos en la Gaceta Parlamentaria.

Esta nueva Ley Orgánica perfecciona y simplifica los procedimientos por medio de los cuales la Legislatura analiza y resuelve los asuntos que le competen, buscando suprimir las lagunas legales que han sido detectadas en el transcurso de la última Legislatura y enriqueciendo las figuras que han probado sus beneficios a lo largo del tiempo. Sobre este particular, es oportuno señalar que el ánimo de la LIII Legislatura ha sido fundamentalmente el de enriquecer con su propia experiencia el régimen jurídico de las que la sucedan, sin pretender imponerles una visión o modelo institucionales ajenos a sus necesidades o intereses, pues cada cuerpo deliberativo ha tenido y tiene la libertad de ajustar sus propias normas en el marco de la Constitución que nos rige.

Entre los cambios más relevantes, pueden destacarse los siguientes:

La Comisión de Gobierno adopta el título de Junta de Concertación Política, por corresponder esta denominación a su concreta encomienda de procurar y concertar entre los diversos grupos parlamentarios, la toma de decisiones en todos los ámbitos y materias que al Poder Legislativo corresponden.

El órgano encargado de eficientar y promover el adecuado uso de los recursos humanos, materiales y financieros de la Legislatura, asume la denominación de la Comisión de Vigilancia con el propósito de supervisar, vigilar, detectar y en su caso notificar a la Contraloría Interna las irregularidades que pudieren presentarse en el ejercicio del gasto público, de todos los funcionarios que integran los diversos órganos, dependencias y unidades técnicas del Poder Legislativo. En forma paralela esta Ley confiere mayores facultades de ejecución, tanto a la Tesorería como a la Oficialía Mayor, garantizando que el legislador se ocupe en forma aún más especifica de las obligaciones y facultades Constitucionales inherentes a la representación popular.

El Instituto de Estudios Legislativos cambia su denominación a Instituto de Investigación y Estadística Parlamentaria, para contribuir al fortalecimiento del trabajo parlamentario mediante la formación, capacitación, investigación y difusión de la temática vinculada al ámbito legislativo y la realización de análisis estadísticos de las labores individuales de los diputados y de la actividad general de la asamblea.

La denominación de Dirección de Asuntos Legislativos se convierte en Dirección de Asuntos Legislativos y Jurídicos, por ser una instancia que además de brindar apoyo a los órganos legislativos en el desahogo de los trámites parlamentarios, les brinda asesoría jurídica y recibe a título de oficialía de partes toda la documentación que se dirige a la Legislatura.

Se eleva a categoría de Ley la Unidad de Atención Ciudadana y Acceso a la Información Gubernamental del Poder Legislativo, con la función de proporcionar la información pública institucional a que se refiere la Ley Estatal de Acceso a la Información Gubernamental del Estado de Querétaro.

Estimando que es necesario proveer a quien de alguna manera interviene en la elaboración de las normas, así como a la ciudadanía interesada de aquellos asuntos de los que conoce y resuelve la Legislatura, se establece dentro de esta Ley Orgánica un nuevo título relativo a las publicaciones del Poder Legislativo, en el...

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