Ley del notariado del Estado de Puebla

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EL HONORABLE QUINCUAGÉSIMO QUINTO CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

C O N S I D E R A N D O

Que en Sesión Pública Ordinaria de esta fecha, Vuestra Soberanía tuvo a bien aprobar el Dictamen con Minuta de Ley del Notariado del Estado de Puebla, emitido por la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales, del Honorable Congreso del Estado.

Que el notariado como institución, es un reflejo de las manifestaciones contractuales de la sociedad, que surge en forma natural de la organización social, como una manera de otorgar mayor seguridad jurídica a los actos comerciales y mercantiles derivados del cotidiano intercambio de satisfactores entre los diferentes estamentos que conforman el conglomerado social, permitiendo y favoreciendo la convivencia, al tiempo que fortalece las relaciones políticas, económicas y sociales que requiere toda sociedad para alcanzar su desarrollo.

Que desde sus inicios, se concibió como conjunto organizado de personas investidas de fe pública, cuyo objetivo esencial radica en la facultad de autorizar o dar fe de hechos o actos que ante ellos pasan y se otorgan, constituyéndose por tal motivo el Notario, en un auténtico representante del poder público, que ejerce por delegación una función también pública mediante la cual, se obliga y es capaz de recibir y dar forma legal a cuanta manifestación jurídica surja a la vida de una relación contractual.

Que los estudiosos de esta área del derecho, coinciden en señalar que en nuestro país, la función Notarial tiene sus antecedentes en los escribanos surgidos a raíz de la conquista española, los que como producto de su trabajo, dejaron constancia escrita tanto de la fundación de ciudades, como de la creación de instituciones políticas, jurídicas y sociales, incluyendo otros hechos relevantes para la vida económica y social de la Colonia.

Que la actividad Notarial en el Estado de Puebla, alcanza su plena regulación, mediante la expedición por parte del Honorable Congreso del Estado, de la Ley del Notariado, ordenamiento que fuera publicado en el Periódico Oficial el cinco de noviembre de mil novecientos sesenta y ocho, y en el que se contempla que, el ejercicio del Notariado, es una función de orden público que corresponde al Ejecutivo Estatal, quien por delegación, la encomienda a profesionales del derecho, invistiéndolos de fe pública, para hacer constar los actos y hechos jurídicos a los que los interesados deban o quieran dar autenticidad y fuerza probatoria o la solemnidad requerida por la ley.

Que bajo la perspectiva de que el Notario, además de aplicar el derecho en todas sus formas, tiene que obedecer las leyes adjetivas que regulan su función, para lograr la perfección legal que se requiere en los documentos que produce, se hace necesario que en la elaboración del instrumento público bajo su responsabilidad, esté obligado a conocer y cumplir con todas las leyes, que tengan relación con los intereses de los particulares, como son: el derecho civil, mercantil, bancario, penal, hipotecario, registral, inmobiliario, administrativo, agrario, etc., situación que hace ineludible la continua actualización de sus conocimientos y sobre todo del marco legal que rige sus actividades.

Que dado que el actual ordenamiento que regula la actividad Notarial, fue expedido en el año de mil novecientos sesenta y ocho, lo que le confiere una antigüedad de más de treinta años y no obstante habérsele realizado diversas reformas, muchas de sus disposiciones han quedado rebasadas por la dinámica social, dificultando la realización de tan importante función pública, como es la Notarial, por lo que se hace impostergable emitir una nueva Ley, que al tiempo que retome aquellos aspectos que han demostrado ser útiles para el ejercicio del Notariado incluya reformas y modificaciones que no solo permitan ejercer esta actividad de manera más eficiente, oportuna y expedita, sino sobre todo conceda mayor seguridad jurídica a las partes involucradas en las operaciones contractuales.

Que dentro de los aspectos relevantes que contempla la presente Ley, se destacan los siguientes:

En cuanto al Primer Título denominado "La Institución Notarial y Organización del Notariado", de entre las modificaciones realizadas, se encuentran las que señalan que el Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Gobernación, tendrá a su cargo además de la dirección de la función Notarial la vigilancia de tan importante actividad, regularizándose una situación que en la práctica se ha venido dando; asimismo, se amplía a diez años el término que tienen los Notarios para remitir al Archivo de Notarías, sus instrumentos y documentos; así como los anexos que correspondan a éstos. También se contempla la prohibición expresa a los Notarios para establecer oficinas notariales fuera de su jurisdicción, con el objeto evidente, de evitar prácticas desleales al interior del gremio.

De manera explícita en este mismo Título, se especifica que el Notario deberá de ser un profesional del derecho, con toda la connotación que el término "profesional" implica, dada la relevancia que su actividad tiene para el desarrollo social, incorporándose en el texto de la Ley, diversas disposiciones que contemplan obligaciones tendientes a propiciar y fortalecer la profesionalización permanente de los Notarios.

Respecto del Título Segundo relacionado con la función del Notariado, se adicionan dos atribuciones que reflejan la dinamicidad de la institución y el interés que tienen los Notarios por responder a las nuevas exigencias de la dinámica social; así, se les faculta para poder intervenir como árbitros o mediadores en aquellos asuntos que así lo soliciten las partes o se convenga en las escrituras que se autoricen bajo su fe; contribuyendo de esta manera a mantener la convivencia social, al tiempo que se coadyuva en la disminución de las cargas de trabajo para los órganos jurisdiccionales; del mismo modo, se les

otorga la posibilidad de intervenir en determinados asuntos de jurisdicción voluntaria como por ejemplo: la identidad de personas, la dependencia económica entre otras; asimismo, se ratifica la idea de que los Notarios deben de ser profesionales del Derecho y por ende personas doctas en al materia, se establece el compromiso para los Notarios en funciones el de asistir a los eventos académicos que organice anualmente el Consejo de Notarios, garantizándose de esta manera su actualización continua y permanente.

En esta misma óptica de mejorar la Ley, se modifica su estructura, trasladando el Título relacionado con el examen para los aspirantes al Notariado antes del que se refiere al nombramiento de los Notarios. Es de destacarse, que en este rubro, se incorporan diversas adecuaciones que pretenden lograr mayor profesionalismo y responsabilidad entre los profesionales del Derecho que pretenden iniciarse en esta relevante actividad, al incluir como requisitos para obtener la patente de aspirante, la obligación de obtener una calificación mínima de ocho en el examen para aquéllos que no egresen con Título de Notarios; así como acreditar su asistencia a eventos académicos organizados por el Colegio de Notarios, así como contar con una antigüedad mínima de tres años en el ejercicio de la profesión, con lo que se garantiza que los aspirantes cuenten con los conocimientos teóricos y prácticos indispensables para ejercer la función Notarial.

Es en el Título Cuarto relativo al procedimiento para el Nombramiento de los Notarios, donde las modificaciones alcanzan mayor profundidad, con el objetivo esencial de darle al procedimiento mayor transparencia, objetividad e imparcialidad; así, se destaca al examen de oposición como la única vía para obtener una Patente de Notario, se modifica la conformación del jurado conformado por dos representantes de la Secretaría de Gobernación y tres del Colegio de Notarios, lo que viene a dar un toque de imparcialidad en las determinaciones al asumir de hecho un posible voto de calidad; además se da mayor precisión a algunos aspectos que quedaban sueltos respecto de la manera de sustentar el examen; así por ejemplo, se especifica que en caso de existir un empate entre los concursantes con mayor calificación, será el Titular del Poder Ejecutivo el que decida a quién se le asigna la Notaría, lo que retoma el hecho de que la función Notarial es inherente al Poder Ejecutivo, quien delega su...

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