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Ley de Ejecución de Penas del Estado de Jalisco

Publicado en:Periódico Oficial del Estado de Jalisco
ÍNDICE
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TÍTULO PRIMERODisposiciones generalesArtículos 1 a 3
CAPÍTULO UNICOArtículos 1 a 3
ARTÍCULO 1

Esta ley tiene por objeto:

  1. Establecer las bases para la ejecución de la prisión preventiva y de las sanciones, impuestas por las autoridades judiciales del Estado de Jalisco, tomando en cuenta los lineamientos de este propio ordenamiento, las Reglas Mínimas Sobre Medidas No Privativas de la Libertad, la Ley de Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, y los principios y recomendaciones que, al respecto, marca la Organización de las Naciones Unidas en los tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado;

  2. Facultar a las autoridades correspondientes para que supervisen y controlen cualquier tipo de privación de libertad, producto de un procedimiento penal, así como la de los sentenciados;

  3. Establecer un sistema de acciones técnicas penitenciarias y de seguimiento cuya finalidad sea la atención a procesados, así como la readaptación y reinserción social del sentenciado, por la comisión de ilícitos cometidos dentro de la jurisdicción penal de este Estado, pudiendo auxiliar en este cometido a las autoridades municipales, previa solicitud de las mismas a través de sus Titulares;

  4. Establecer las bases de los programas de atención penitenciaria con la Federación y los Estados colindantes, a efecto de llevar a cabo convenios que ayuden al establecimiento de sistemas eficaces y congruentes de atención, readaptación y reinserción social, en los términos que esta misma ley establece; y

  5. La readaptación social a través de la interdisciplina, el sistema de acciones técnicas penitenciarias, los principios humanitarios que se deriven de los tratados internacionales de la Organización de Naciones Unidas, celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado, aplicables a todos los internos de la Entidad que se encuentren procesados o sentenciados; así como la reinserción social que se llevará a cabo en los términos y condiciones a que se refiere el artículo 8 de este ordenamiento.

ARTÍCULO 2

Los conceptos emanados del presente cuerpo de leyes deberán interpretarse, en caso de duda, en la forma más favorable para el interno y su familia, teniendo en cuenta la situación que guarda el sistema penitenciario, el medio social al que el mismo interno retornará y la problemática que observen las víctimas del delito, por él cometido.

ARTÍCULO 3

Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

  1. Consejo: El Consejo de Evaluación y Seguimiento;

  2. Consejo Técnico: El Consejo Técnico Interdisciplinario del centro penitenciario de que se trate;

  3. Ley: La presente Ley;

  4. Reglamento: El Reglamento de la Ley de Ejecución de Penas del Estado de Jalisco; y

  5. Secretaría: La Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social.

TÍTULO SEGUNDODe las autoridades competentesArtículos 4 a 8
CAPÍTULO IDisposiciones generalesArtículo 4
ARTÍCULO 4

Corresponde al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría, por conducto de sus respectivas direcciones en los términos de esta Ley y su Reglamento, la ejecución de las sanciones privativas y restrictivas de libertad; el control, administración y dirección de las instituciones de prevención, readaptación y reinserción social.

De conformidad con los convenios que el Ejecutivo del Estado celebre con el Gobierno Federal y con las demás entidades federativas, los internos sentenciados por delitos del orden común, podrán ser enviados a purgar su sanción privativa de la libertad, a establecimientos del orden federal o estatal ubicados fuera de la entidad, respetando, en todo tiempo, el principio de reciprocidad con los gobiernos mencionados en casos análogos.

De igual forma, el Ejecutivo podrá realizar convenios con los ayuntamientos del Estado para la correcta ejecución de las penas alternativas así como las medidas de seguridad que se dicten a los reos sentenciados por delitos del orden común.

CAPÍTULO IIDel consejo de evaluación y seguimientoArtículos 5 a 6
ARTÍCULO 5

El Consejo de Evaluación y Seguimiento se integrará con un representante de: la Dirección General de Prevención y Readaptación Social; la Dirección General del Sistema Postpenitenciario y Atención a Liberados; de la Dirección Jurídica de la Secretaría; la Dirección General de Estadística y Política Criminal; y un representante de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco.

ARTÍCULO 6

El Consejo de Evaluación y Seguimiento tendrá las siguientes facultades:

  1. Aprobar o rechazar, salvo en el caso establecido en el artículo 64 del Código Penal para el Estado de Jalisco, la libertad condicional, la remisión parcial de la pena, la reducción total de la pena y el tratamiento preliberacional, cuando tenga como efecto una libertad anticipada, analizando las propuestas, evaluaciones y dictámenes realizados por los Consejos Técnicos Interdisciplinarios, que sean turnados a este Consejo.

    Así mismo, le corresponderá dictar las políticas, en materia postpenitenciaria, en las que deberá incluirse de forma general, el tiempo, modo y lugar, de las condicionantes que deban ejecutarse en libertad;

  2. Ratificar el beneficio de la libertad anticipada, incluyendo el tratamiento preliberacional en su última etapa y la remisión parcial de la pena, así como rectificar o revocar el mencionado beneficio cuando, después de haberlo otorgado, sobrevenga incumplimiento en las condiciones impuestas o exista certeza que el excarcelado no se ha readaptado o reinsertado a la sociedad;

  3. Poner en conocimiento de la autoridad judicial competente, la suspensión condicional de la pena, la conmutación y sustitución de sanciones otorgados , a los reos, cuando su ejecución implique supervisión o vigilancia del cumplimiento de condiciones por el ejecutivo estatal, para que el mismo resuelva lo que conforme a sus atribuciones le corresponda;

  4. Designar de forma específica, las acciones penitenciarias, que deban cumplir quienes reciban un beneficio de libertad anticipada; así como las demás condiciones de seguimiento que se estimen convenientes; y establecer anualmente la política para la fase de tratamiento preliberacional. Tanto el tratamiento como las condiciones, podrán modificarse dependiendo de los programas de trabajo de la Dirección General del Sistema Postpenitenciario y Atención a Liberados, así como de las actitudes y aptitudes que muestre el propio liberado;

  5. Resolver los planteamientos relativos a problemas legales o prácticos que surjan de la aplicación de esta Ley y los reglamentos que se deriven de la misma;

  6. Proponer a la Secretaría, la creación de instituciones de tratamiento penal que comprenda centros cerrados y abiertos; de máxima, media y mínima seguridad; urbanos y rurales; estatales y municipales; así como hospitales penitenciarios y colonias agrícolas, de acuerdo a las necesidades que refleje el Estado;

  7. Supervisar el cumplimiento de las revisiones correspondientes a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social y a los Directores de los establecimientos a su cargo, así como la aplicación de las sanciones a cargo del reo o procesado que haya incurrido en alguna contravención señalada por el numeral citado;

  8. Recabar, de todas las direcciones generales que intervengan, la información necesaria para que la Dirección General de Seguridad Pública del Estado de Jalisco dé cumplimiento a los acuerdos de revocación en los términos de esta Ley;

  9. Presentar al Secretario de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social el anteproyecto del reglamento correspondiente a esta Ley;

  10. Designar de conformidad con el reglamento la integración de grupos de trabajo para la oportuna ejecución de sus facultades; y

  11. Las demás que se desprendan de las disposiciones y ordenamientos legales correspondientes.

CAPÍTULO IIIDe la dirección general de prevención y Readaptación SocialArtículo 7
ARTÍCULO 7

Son facultades de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, las siguientes:

  1. Controlar, dirigir y vigilar los establecimientos estatales...

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