Iniciativa parlamentaria que expide la Ley General de Partidos Políticos., de 30 de Abril de 2014
Que expide la Ley General de Partidos Políticos, a cargo del Grupo Parlamentario del PT
Los que suscriben, diputados integrantes del Partido de Trabajo en el Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6 y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, ponen a la consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se el que se expide la Ley General de Partidos Políticos. Exposición de Motivos
En esta iniciativa, los Grupos Parlamentarios del Partido del Trabajo en las Cámaras de Diputados y Senadores aportamos nuestras ideas para la discusión de la Ley General que el Congreso de la Unión deberá expedir para cumplir con el segundo artículo transitorio de la reforma político electoral, promulgada el 2 de febrero de 2014.
Partimos de la idea de que la mayor parte de las regulaciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) vigente siguen siendo apropiadas. Por esta razón, en nuestra propuesta tomamos la parte corresponde a los partidos políticos y conservamos su estructura para convertirla en la Ley General de Partidos. Realizamos los ajustes pertinentes a los cambios en los nombres y funciones de las instituciones, así como los relativos a la creación de una ley general. Esta iniciativa es complementaria de las que el Partido del Trabajo presentará sobre instituciones y procedimientos electorales y delitos electorales.
Los cambios de fondo que propone el Partido del Trabajo en esta iniciativa tienen que ver con frenar el intento de los partidos políticos mayoritarios de abrir la puerta para que las aportaciones de particulares corrompan más el sistema político mexicano. También se busca establecer reglas que hagan factible un sistema de fiscalización en tiempo real de las campañas electorales, sin imponer cargas imposibles de satisfacer a los partidos políticos. Por último, se propone una nueva regulación de las coaliciones y candidaturas comunes que permitan mejorar la pluralidad del sistema político y ofrecer a los partidos diferentes opciones para cooperar en las campañas electorales.
El Partido del Trabajo (PT) hará especial énfasis en incluir estos temas en la discusión de la Ley General de Partidos durante las discusiones en las Cámaras de Senadores y Diputados.
Aportaciones privadas a campañas
La reforma constitucional eliminó el límite que se imponía a las aportaciones de militantes y simpatizantes a los partidos políticos y campañas (10% del tope de campaña para la última elección presidencial). Este cambio abre la puerta para que los partidos busquen que el dinero de particulares entre libremente a la política.
Existen poderosas razones en contra de esta idea: 1. La entrada de dinero a la política abre la puerta a la compra de influencias, empleos y favores políticos; especialmente para las organizaciones civiles, los poderes fácticos y los individuos que hagan el trabajo de recaudar dinero para los candidatos y los partidos. La mercantilización de la política rompe el punto central de la democracia electoral, haciendo que los partidos y los funcionarios públicos dejen de representen a sus votantes para representar el interés de sus donantes. 2. Los partidos políticos ya reciben grandes cantidades de dinero como financiamiento público. Aumentar el dispendio en las campañas políticas y las burocracias partidistas sólo alimentará la mala opinión que los ciudadanos tienen de la clase política. 3. México es un país con terribles problemas de desigualdad y pobreza. Las clases con capacidad de realizar donaciones a campañas son una pequeña minoría respecto a las que no pueden hacerlo. Abrir la puerta a grandes cantidades de dinero dará a incentivos a los políticos de concentrarse en atraer contribuyentes. Esto reduciría la influencia de los más pobres y aumentaría la de los ricos y los poderes fácticos. 4. Los partidos con las estructuras más jerárquicas y con un mayor número de funcionarios electos tienen mejores maquinarias para recaudar dinero de sus militantes y simpatizantes. Estas diferencias distorsionarán la competencia electoral y darán ventajas indebidas a los partidos grandes sobre los partidos pequeños. Esto sólo acentuaría la disparidad que existe actualmente en la asignación de prerrogativas para los partidos.
Por estas razones, es inaceptable la propuesta del Partido Acción Nacional (PAN) de permitir que los partidos reciban aportaciones de sus simpatizantes hasta por 100 por ciento de lo que reciben de financiamiento público. En el mismo sentido, también es censurable que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) quiera aumentar este límite a 30 por ciento del límite de campaña de la última elección presidencial –si se suman las aportaciones de simpatizantes y de otras fuentes de financiamiento no público–.
En la iniciativa del Partido del Trabajo proponemos mantener los límites actuales, que estipulan que los partidos pueden recibir como aportaciones de simpatizantes hasta 10 por ciento del tope de la campaña presidencial anterior, más otro 10 por ciento por cuotas de militantes y otras fuentes de financiamiento .
Adicionalmente, se considera que se puede mejorar el régimen actual, introduciendo elementos de transparencia a las aportaciones de los simpatizantes, diferenciando las aportaciones pequeñas de las grandes, y restringiendo el derecho de hacer aportaciones sólo a los ciudadanos.
Las aportaciones de los ciudadanos deben hacerse directamente a los partidos. Nunca, a los candidatos, a sus equipos de campaña o a esquemas de financiación paralela de las campañas. Esto se justifica porque los responsables de la contabilidad y buen uso de los recursos para las campañas son, principalmente, los partidos políticos.
Se incluye a los órganos con autonomía constitucional entre los entes públicos que tienen prohibido hacer aportaciones a campañas. La mención especial se basa en el reconocimiento de la situación de estos organismos frente a los tres poderes convencionales del estado.
Para aportaciones menores a 250 días al año de salario mínimo vigente en el Distrito Federal (DF) se debe identificar al donante con nombre y clave de elector. Para montos mayores se debe, además, reportar la clave del Registro Federal de Contribuyentes del aportante. Esto se justifica para permitir que las autoridades fiscales puedan detectar posible lavado de dinero o uso de recursos de procedencia ilícita.
El Instituto Nacional Electoral debe hacer públicas las listas de las aportaciones que reciban los partidos políticos, incluyendo el nombre del aportante y el monto de cada aportación. Esta medida de transparencia es acorde con el principio de máxima publicidad y permitirá que la información sea usada para detectar posibles conflictos de interés entre los funcionarios electos y las personas que colaboraron en su campaña.
Prohibir que las sociedades civiles y las organizaciones de los partidos hagan aportaciones. Esta idea parte de que las personas físicas, es decir, los ciudadanos individualmente, son las únicas que deben tener el derecho político de hacer aportaciones. No se puede aceptar la lógica aplicada en países como Estados Unidos de que las corporaciones cuentan como gente y que, por lo tanto, deberían tener también derechos políticos como el de aportar dinero a las campañas.
Eliminar la deducibilidad de las aportaciones a los partidos. Este es un beneficio fiscal que debería incentivar la declaración voluntaria de las donaciones; sin embargo, resulta un medio inadecuado para fiscalizar a los partidos. La fiscalización directa y en tiempo real de los ingresos y gastos de los partidos y los candidatos por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) resultará un medio más efectivo para dicho fin.
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La revisión de los informes que los partidos políticos y las agrupaciones políticas presenten sobre el origen y destino de sus recursos ordinarios y de campaña, según corresponda, así como la práctica de auditorías, monitoreos y verificaciones sobre el manejo de sus recursos y su situación contable y financiera estará a cargo de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Fiscalización de campañas electorales
Hasta ahora, la fiscalización de las campañas electorales ha sido un proceso ineficiente que no ha servido para asegurar que las elecciones se compiten de una manera justa entre los partidos políticos, coaliciones y candidatos.
Cada elección surgen escándalos por actos de corrupción abierta o actos que violan el espíritu de la ley para dar ventajas indebidas a algún bando. Lamentablemente estos no tienen ningún efecto en la determinación de la validez de las elecciones y únicamente derivan en multas que se aplican a los partidos mucho tiempo después de las elecciones.
Ejemplos de esta situación sobran: el Pemexgate, los Amigos de Fox, el caso de uso de programas sociales con fines electorales en Veracruz, la movilización de recursos de los estados a favor de los candidatos del partido en el poder, el caso Monex, las tarjetas Soriana, y los modelos de contabilidad creativa usados por el equipo de Enrique Peña Nieto para que él pudiera asistir a una multitud de eventos masivos cuya organización debía hacerlo rebasar los topes de gastos de campaña.
La reforma constitucional establece un nuevo esquema en que la fiscalización deberá hacerse en tiempo real durante las campañas electorales. Esta tarea será, sin duda, un gran reto para el INE; sin embargo, dotará a los mexicanos de mayor certeza sobre la manera en que los partidos obtienen y gastan sus recursos. Esto también permitirá que las irregularidades sean tomadas en cuenta en la dictaminación de las elecciones por las autoridades jurisdiccionales de una manera objetiva, en lugar de que esos hechos queden sin ninguna consecuencia importante para los que hacen trampa.
En ese sentido, el Partido del Trabajo propone que para la instrumentación de dicho...
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