Código de Procedimientos Penales para el Estado de Mexico

Publicado en:Gaceta de Gobierno del Estado de México
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Toluca de Lerdo, Edo. de México a Junio 25 de 2008.

C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA

"LVI" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO

P R E S E N T E S

Con sustento por lo dispuesto en los artículos 51 fracción II y 61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 28 fracción I y 30 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, los diputados que integramos el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por su digno conducto, presentamos iniciativa de decreto que abroga el Código de Procedimientos Penales del 17 de marzo de 2007 y se promulga el Código de Procedimientos Penales del Estado de México, reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México y adiciona y deroga diversos ordenamientos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México en base a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El fenómeno delictivo en México se ha incrementado considerablemente en los últimos años, afectando negativamente la vida, el patrimonio y la tranquilidad de los ciudadanos. En apenas una década, la sociedad mexicana pasó de una criminalidad medianamente controlable, a una alta criminalidad incontrolable. Por si esto fuera poco, a la par del incremento de la delincuencia ordinaria, se ha producido una consolidación de la delincuencia organizada, generadora de delitos de alto impacto social, como el narcotráfico, el secuestro, la trata de personas y el robo de vehículos.

Para resolver esta situación de inseguridad ciudadana, se ha previsto en el artículo 12, fracción IV, de la Ley para la Reforma del Estado, la realización de una reforma del Poder Judicial, en la cual se ha ventilado la idea de introducir los juicios orales en materia penal.

El tema de la justicia ha recibido poca atención hasta ahora, quizá debió a diversas influencias doctrinarias y la jerarquización del tema. Tanto las ciencias sociales como el derecho desecharon así asuntos de importancia, Como: el funcionamiento de la justicia, quienes la ejercen, cuál es el sentido de la norma, efectos que produce su vigencia, entre otros. Asuntos, que a fin de cuentas nos habilitan en el conocimiento acerca de qué Estado de derecho tiene o quiere nuestra sociedad.

Las aportaciones que actualmente están disponibles, provienen de diferentes tipos de fuente, entre los que se puede mencionar:

  1. - Desde la ciencia política, al producirse una reconsideración del papel del derecho; y

  2. - La aparición de diversos intentos de reforma del sistema de justicia, alentados tanto por la democratización política como por las exigencias económicas del mercado.

    Desde la vertiente académica, la recuperación del tema debe reconocerse en diversos trabajos. Entre la ciencia política y el derecho, se produjo un aporte significativo mediante la exploración de la ausencia del derecho en los sectores menos protegidos. En primer lugar, se examinan los problemas de la violencia fuera de la ley, ejercida tanto por agentes estatales como por particulares que, pese al restablecimiento democrático, se benefician de la impunidad reservada a un apreciable número de violaciones de derechos humanos en particular, la tortura como práctica policial regular— y a delitos de los que son víctimas los más pobres.

    Posteriormente debemos centrarnos en el tema de la discriminación y una tercera parte, centra su atención en cuestiones de reforma institucional, con especial énfasis sobre el acceso a la justicia. Es esta última, precisamente en la que se pensó en el momento de la realización del presente proyecto, claro, sin olvidar los dos temas previos.

    Las posibilidades y límites de la reforma del sistema de justicia, deben considerar cumplir o alcanzar con dos objetivos esenciales, mayor eficiencia y eficacia, y mayor autonomía. Las reformas han pasado por dos generaciones, la segunda de las cuales, opta por un enfoque sistémico, lo cual, es precisamente lo que queremos lograr en este proyecto, al crear un sistema oral penal acusatorio de manera integral que incluya la participación de la sociedad civil.

    Desde el punto de vista metodológico, los autores sostienen que evaluar la calidad y efectividad de un sistema de justicia es muy difícil pero, no obstante, en lo que se refiere a la reforma de la justicia penal, concluyen que "quince años de reformas significativas no han producido todavía una mayor confianza en el sistema ni han reducido las tasas de delito o impunidad". Se advierte que el proceso de reforma es lento y que "no deben esperarse cambios mayores en el corto plazo".

    Desde la experiencia ganada en los proyectos, los autores plantean que "la independencia judicial y ministerial debe ser considerada como requisito indispensable como condición para la aprobación de proyectos de reforma de la justicia. La mayoría de los proyectos no forman parte de una estrategia de largo plazo, por lo que deben ser hechos en base a mejores diagnósticos iniciales que consideren aspectos fundamentales como:

  3. - Reconocer las estrategias de reforma encaminadas a la necesidad de producir un cambio cultural en los principales actores y el papel de la movilización de grupos de la sociedad civil;

  4. - La independencia judicial y ministerial;

  5. - Los recursos económicos disponibles; y

  6. - El mejoramiento de los procesos.

    Las reformas tienen mejores posibilidades si cuentan con el respaldo de alianzas estratégicas entre varios grupos interesados que incluyan asociaciones de abogados, ONG'S, académicos, empresarios, jueces abiertos a las reformas, políticos y medios de comunicación.

    Algunos autores han señalado, que en los últimos veinte años puede hablarse de olas reformistas de la justicia que registran como antecedentes el caso cubano en la década de 1960 y el peruano en-la de 1970. Sin embargo, México se mantuvo impermeable a ellas hasta época reciente. El cuestionamiento de la justicia y la introducción de su reforma en la agenda pública empezaron allegar al país, entrada la década de 1990, de la mano del proceso de transformación de la institucionalidad política.

    De allí que, a la hora de encarar una diversidad de procesos de cambio que afectan a la justicia federal y a la que se imparte en cada una de las entidades federativas, se tenga relativamente poco material disponible que haya diagnosticado en profundidad los problemas y dificultades existentes.

    Se cuenta, sin embargo, con un trabajo imprescindible, realizado en la década de 1970 y publicado en castellano algo tardíamente, que aborda el tema desde el lado de la conflictividad social para examinar cómo ésta es procesada por la administración de justicia. Las regulaciones jurídicas padecen de cierta inhabilidad para esclarecer y tratar el fenómeno del conflicto, de modo que la conclusión del proceso judicial no constituye realmente el fin del diferendo sometido a la justicia.

    Ante los juzgados concurren los sectores medios y altos, mientras que las capas más pobres —especialmente las rurales—echan mano a sus relaciones de intercambio para resolver diferencias mediante la conciliación: y cuando comparecían frente a demandas de sectores sociales más altos, generalmente pierden la causa.

    Ofrecer un panorama cuantitativamente detallado y prolijo sobre la administración de justicia en las entidades federativas, implica hablar sobre el funcionamiento, administración y operatividad. Lo cual, implica un alto grado de heterogeneidad institucional, resistente a las generalizaciones: "El reconocimiento de la diversidad existente en la organización, el funcionamiento y los procesos de cambio de los Poderes Judiciales del país constituye la principal conclusión".

    Las particularidades parecen haber sido profundizadas, pues, mediante las reformas introducidas en la última década, las cuales distan mucho de corresponder a un mismo modelo y, según los autores, harían vano cualquier ejercicio comparativo entre estados que pretenda ir más allá del cotejo de diseños formales. No obstante, las conclusiones en los procesos de cambio en materia judicial, necesariamente tienen características comunes: eficacia e independencia judicial y acceso a la justicia.

    La Suprema Corte se ha trasladado desde una discreta y funcional protección de los derechos de los gobernados a través del juicio de amparo, a un papel protagónico en la vida política del país, caracterizado por la construcción de una agenda propia a raíz de las reformas constitucionales de 1995".

    La pluralidad política actual del país, cuyos conflictos no encuentran cauce suficientemente adecuado en la institucionalidad política, tiende crecientemente a situar a la Suprema Corte en el papel de árbitro final para resolverlos, según muestran varias sentencias recientes. En medio de tal judicialización de la política, la Corte estaría ampliando sus atribuciones para consolidarse como tribunal constitucional, incrementando sus recursos financieros para mejorar su cobertura, y fortaleciendo su prestigio y credibilidad sociales.

    El sistema judicial federal reformado recientemente incorpora una Suprema Corte con un papel público mayor que el tradicional y sugiere que la reforma en el nivel federal ha propiciado las transformaciones en los poderes judiciales locales: de hecho, casi todas las entidades federativas han introducido importantes cambios de nivel constitucional y legislativo en relación con la justicia. La tendencia, paralelamente producida en el país, a una derivación de los conflictos que antes se procesaban políticamente hacia el terreno judicial.

    La instauración de juicios orales en el país, una de las propuestas de reforma penal que más polémica ha generado, es un hecho. Las principales fuerzas políticas se han puesto de acuerdo en que este sistema, que cambiará el sistema de justicia penal que ha imperado...

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