Código Penal del Estado de Mexico

Publicado en:Gaceta Oficial del Estado de México
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Toluca de Lerdo, México

a 3 de septiembre de 1999

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS

DE LA "LIII" LEGISLATURA DEL ESTADO

P R E S E N T E

En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 51 fracción I y 77 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, me permito someter a la consideración de esa H. Legislatura, por el digno conducto de ustedes, la presente iniciativa de decreto de Código Penal del Estado de México, que tiene su fundamento en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La administración pública a mi cargo ha expresado en reiteradas ocasiones que la revisión y actualización de las normas jurídicas constituye uno de sus principales compromisos por estar convencido de que el estado de derecho es la base fundamental en la que se descansa la armonía entre el ejercicio de la autoridad y la libertad de las personas.

El derecho penal como ciencia y ordenamiento sancionador de la conducta de los hombres debe revisarse permanentemente para asegurar la vigencia de sus principios y la eficacia social de su observancia y aplicación.

La modernización del derecho punitivo condensado y expresado en el Código Penal asegura la correspondencia de sus normas con la realidad y circunstancias sociales que lo nutren y a la que regula.

Durante la presente administración el Código Penal del Estado de México ha sido objeto de importantes reformas a fin de adecuar sus disposiciones para atender diversos fenómenos delincuenciales frente a los cuales, se exige, legítimamente, mayor castigo y mejores formas de protección social.

No obstante lo anterior, debe reconocerse que si bien se ha avanzado en materia de procuración y administración de justicia, la realidad social, otra vez, ha desbordado las previsiones legales porque conductas antisociales permanentes y nuevas atentan, con mayor crueldad y aún sadismo contra la vida, la integridad física y moral, la libertad, el patrimonio y la tranquilidad de los habitantes.

La delincuencia ha aumentado hasta llegar a índices alarmantes, por diversas y complejas causas que abarcan desde la falta de empleo hasta novedosas formas de organización delincuencial, motivando actitudes que van desde mórbidas propensiones en algunos sectores sociales hasta la veneración de algunos delincuentes y a la tolerancia de giros criminales que supuestamente no afectan a la sociedad pero que propician la impunidad y la corrupción, que es preciso corregir, ampliando el catálogo de los delitos graves, estableciendo mayor severidad en las penas y evitando que quienes han delinquido se reincorporen a la sociedad sin haber acreditado que se encuentran aptos para convivir en ella.

En nuestro territorio, como en el de otras entidades federativas, durante los últimos años han aparecido intensas y novedosas formas de delincuencia, que revelan desde formas elementales de agrupamiento para delinquir hasta sofisticadas organizaciones que cuentan con recursos económicos, servicios profesionales, armas y equipos incluso mejores que los del Estado, poniendo a éste en condiciones de desventaja frente a lo que empieza a hacer como: La delincuencia organizada que hace del delito su fuente de enriquecimiento, de poder y de corrupción.

Paralelamente a la delincuencia organizada, otros grupos que también han hecho del delito su modus vivendi, han proliferado adoptando actitudes de extrema crueldad y aún sadismo en contra de sus víctimas, lo que sumado a diferentes formas de absurdas apologías de delincuentes, han agravado notoriamente la etiología de los comportamientos delincuenciales y acrecentado la amenaza al orden y a la tranquilidad pública.

La sociedad reclama, y con justa razón, mayor eficiencia, oportunidad y calificación de las instituciones y de quienes las integran para detener, procesar y castigar a los delincuentes; de ahí, que sea preciso revisar y actualizar las disposiciones del Código Penal no sólo para atender aquélla exigencia que en nuestros días es clamor de urgente e impostergable respuesta sino también síntoma evidente de que el Estado debe fortalecer sus mecanismos para hacer frente a la delincuencia e impunidad que hoy socavan las bases de la sociedad.

La iniciativa que se presenta a la consideración de esa soberanía, es el resultado de una profunda y exhaustiva revisión al Código Penal en la que participaron representantes de las asociaciones profesionales especializadas en derecho, académicos, integrantes de la judicatura y servidores públicos adscritos a la procuración y administración de justicia.

Destacan en la iniciativa los siguientes aspectos:

Sistematización de los ámbitos de aplicación de la ley penal, dividiéndolos en validez espacial, temporal y personal regulándose lo concerniente a las leyes especiales y al concurso aparente de normas a fin de dar mayor claridad y rigor a la aplicación de las disposiciones punitivas.

Se establece la definición del delito precisando que ésta es la conducta típica, antijurídica, culpable y punible.

Se suprime el delito preterintencional por considerarse una forma híbrida de difícil ubicación que genera problemas de aplicación conservándose solamente la clasificación de delitos dolosos y culposos, así como las formas de consumación: Instantánea, permanente y continuada.

Para dar respuesta al clamor social de evitar delitos, se agregan a las conductas típicas consideradas como graves, las de cohecho, delincuencia organizada, tráfico de menores, cremación de cadáver, deterioro de área natural, privación de libertad de infante y extorsión.

Se establece la negativa de la libertad provisional durante el proceso y la imposibilidad de aplicar sustitutivos penales para quienes comentan delitos graves a fin de asegurar que los sujetos de mayor peligrosidad no se reincorporen a la sociedad si no se tiene la seguridad de que se encuentran aptos para convivir con ella.

Se modifican los parámetros de responsabilidad penal estableciendo que las formas de intervención en el ilícito pueden ser en autoría o participación para sustentar con ello, una mayor objetividad en la imposición de la pena.

Se hace una clara división entre las penas y medidas de seguridad atendiendo no a la peligrosidad del sujeto activo sino en función del acto que se ha realizado, abandonándose el principio del derecho penal de autor.

Por cuanto a la individualización de la pena, se considera la gravedad del delito y el grado de culpabilidad del sentenciado tomándose en cuenta diversos aspectos que se vinculan al acto mismo y no a la peligrosidad.

Para fortalecer la tutela jurídico-penal de la familia, se tipificó el delito de maltrato familiar señalándose que al integrante de un núcleo familiar que hiciere uso de la violencia física o moral, reiteradamente, en contra de otro integrante de ese núcleo que afecte o ponga en peligro su integridad física, psíquica o ambas, se le impondrán de seis meses a cuatro años de prisión y de treinta a cien días multa. Este tipo penal se justificó en atención a que la conducta se reiterara, lamentablemente, con mayo frecuencia sobre todo entre padres e hijos.

Dentro de los tipos relevantes que fueron reestructurados se encuentra el delito cometido por fraccionadores para darle mayor claridad, amplitud y facilitar su acreditamiento. Corrigiéndose así, la confusión que ha generado el texto vigente.

Dentro del tipo penal de secuestro, se agrega la figura de simulación de secuestro, puesto que se trata de una conducta que de manera reiterada se ha venido ejecutando, sobre todo en las zonas conurbadas.

Se regula como nueva figura delictiva la prestación ilícita de transporte público aumentándose la sanción cuando el autor sea integrante del consejo de administración, socio o representante de la empresa concesionada o permisionaria del servicio público del transporte de pasajeros o carga.

Se crea la figura de violación de fuero con el propósito de respetar el régimen constitucional que es propia de representantes populares y de algunos servidores públicos.

Se redefinió el delito de abandono de familiares denominándose en forma correcta como incumplimiento de obligaciones alimentarias, estructurándose como un tipo de peligro presunto y no de peligro real, porque se buscó que la tutela al bien jurídico fuera mas efectiva con el peligro que se genera por el abandono injustificado de los hijos, cónyuge, concubina o concubinario sin recursos para atender sus necesidades de subsistencia y se establece que la tipificación opera aun cuando los ofendidos se vean obligados a allegarse por cualquier medio recursos para satisfacer sus requerimientos indispensables partiendo fundamentalmente de la obligación alimentaria.

La tipificación del tráfico de menores tuvo como base la necesidad de prohibir la conducta frecuente de entregar los menores a terceros para su custodia definitiva por parte de quienes ejerzan la patria potestad o de quienes tengan a su cargo la custodia de un menor a cambio de un beneficio...

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