Ley del instituto de asesoria y defensoria publica del Estado de Aguascalientes

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LEY DEL INSTITUTO DE ASESORIA Y DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

ULTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2006.

Ley publicada en la Sección Segunda del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el lunes 17 de marzo de 2003.

FELIPE GONZALEZ GONZALEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, a sus habitantes, sabed:

Que por el H. Congreso del Estado se me ha comunicado lo siguiente:

La LVIII Legislatura del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en virtud de su función y facultad constitucional, ha tenido a bien expedir el siguiente

Decreto Número 89

UNICO.- Se aprueba la Ley del Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

LEY DEL INSTITUTO DE ASESORIA Y DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I

De la Naturaleza

El Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Aguascalientes, que cuenta con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión para el cabal cumplimiento de su objeto y de sus fines, con domicilio legal en la ciudad de Aguascalientes y que en lo sucesivo se le denominará el Instituto.

CAPITULO II

Del Objeto

El Instituto tiene por objeto garantizar el acceso del particular a la justicia que imparte el Estado, como derecho humano fundamental y garantía individual contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la asesoría y defensoría pública gratuita.

El Instituto tendrá como objetivos específicos los siguientes:

I. Prestar los servicios de defensa jurídica de los indiciados, inculpados, procesados y sentenciados por delitos del orden común en los juzgados de primera instancia penales y mixtos de primera instancia, tribunal superior y federales;

II. Brindar asesoría al ofendido y/o víctima de un delito;

III. Asesorar o representar a los particulares en la tramitación de recursos o juicios ante las autoridades administrativas o jurisdiccionales por actos administrativos o fiscales emanados de las autoridades del Estado, de los municipios y de los organismos descentralizados estatales o municipales en funciones de autoridad;

IV. Asesorar o representar a los trabajadores o a sus sindicatos cuando lo soliciten para su defensa; y

V. Asesorar o representar a los particulares en la tramitación de negocios, recursos o juicios de materia civil y mercantil.

El servicio de asesoría y defensoría pública será gratuito. Se prestará bajo los principios de probidad, honradez y profesionalismo de manera obligatoria, en los términos de esta Ley.

Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto podrá:

I. Organizarse bajo un régimen de desconcentración funcional y administrativa, con un sistema de atención personalizado a los beneficiarios;

II. Celebrar convenios de coordinación y apoyo con los distintos sectores sociales y organismos públicos y privados, para coadyuvar en la consecución de los fines de esta Ley;

III. Obtener mediante convenios de cooperación servicios de asesoría y capacitación para el personal del Instituto, para el mejor cumplimiento de sus fines;

IV. Administrar libremente su patrimonio sin más límites que los establecidos en las leyes;

V. Promover y organizar programas de difusión de los servicios que presta el Instituto, para el mejor cumplimiento de sus fines; y

VI. Las demás que se desprendan de la presente Ley.

TITULO SEGUNDO

DE LA ORGANIZACION DEL INSTITUTO

CAPITULO I

De la Integración del Instituto

El Instituto tendrá los siguientes órganos de gobierno y administrativos:

I. La Junta de Gobierno;

II. La Dirección General;

III. La coordinación de los defensores de oficio;

IV.- La coordinación de los asesores jurídicos; y

V. Las unidades administrativas y personal técnico que para el adecuado desempeño de sus funciones se determinen en el presupuesto.

CAPITULO II

De la Junta de Gobierno

La Junta de Gobierno es el órgano de mayor jerarquía del Instituto y se integrará con miembros propietarios y serán los siguientes:

I. El Gobernador del Estado o la persona que él designe, que en todo caso será Licenciado en Derecho, quien la presidirá;

II. El Subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno;

III. Un Diputado miembro de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, a propuesta del Pleno;

IV. Cuatro licenciados en derecho, de los cuales dos deberán representar a los académicos del derecho y dos a los abogados postulantes o litigantes, de reconocido prestigio, nombrados por el Consejo de la Judicatura del Estado de Aguascalientes, quienes no deberán desempeñar ningún cargo como servidores públicos, ni ser dirigentes de partido político, ni de organizaciones vinculadas a actividades políticas; y

V. El Director General del Instituto, quien tendrá derecho a voz más no de voto en las decisiones de la Junta.

La Junta de Gobierno sesionará con un mínimo de cinco miembros y tomará sus decisiones por mayoría de votos de los miembros presentes. En caso de empate quien preside tendrá voto de calidad.

Las sesiones ordinarias se verificarán cuando menos cada tres meses, sin perjuicio de que puedan convocarse por el Gobernador o el Director General del Instituto o mediante solicitud que a éste formulen por lo menos tres miembros de la Junta de Gobierno, cuando se estime que hay razones de importancia para ello.

La Junta de Gobierno tendrá las facultades siguientes:

I. Fijar la política y las acciones relacionadas con la asesoría y la defensoría pública, considerando las opiniones que al respecto se le formulen;

II. Designar al Director General del Instituto de la terna que le presente el Gobernador del Estado;

III. Promover que las instituciones, organismos y asociaciones públicas y privadas contribuyan a la elevación del nivel profesional de los defensores públicos y asesores jurídicos, e igualmente se proporcione a la Junta asesoramiento técnico en las áreas o asuntos específicos en que ésta lo requiera;

IV. Propiciar que las diversas instancias públicas y privadas apoyen las modalidades del sistema de libertad provisional de los defendidos que carezcan de recursos económicos suficientes para el pago de la caución que se les fije;

V. Promover la realización de estudios tendientes a perfeccionar el servicio de defensoría pública;

VI. Impulsar la celebración de convenios con los distintos sectores sociales y organismos públicos y privados;

VII. Aprobar los lineamientos para la selección, ingreso y promoción de los defensores públicos y asesores jurídicos;

VIII. Aprobar el reglamento interno del Instituto;

IX. Aprobar la propuesta de anteproyecto de presupuesto que se someta a la consideración del Gobernador del Estado;

X. Aprobar los lineamientos generales para la contratación de abogados particulares en los casos a que se refiere esta Ley;

XI. Aprobar el Plan Anual de Capacitación y Estímulos del Instituto;

XII. Examinar y aprobar los informes periódicos que someta a su consideración el Director General; y

XIII. Las demás que le otorgue esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables.

CAPITULO III

De la Dirección General

El Director General del Instituto será designado por la Junta de Gobierno y durará tres años en su cargo, pudiendo ser ratificado sólo para otro período.

El Director General del Instituto deberá reunir para su designación, los requisitos siguientes:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, no haber adquirido otra nacionalidad y estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. Tener cuando menos treinta años de edad, el día de su designación;

III. Poseer, al día de la designación, título y cédula profesional de abogado o licenciado en derecho, expedido por la autoridad o institución legalmente facultada para ello, con antigüedad mínima de cinco años al día de su designación;

IV. Acreditar experiencia de cinco años en el ejercicio de la abogacía,...

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