Iniciativa parlamentaria que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del Código Fiscal de la Federación., de 15 de Octubre de 2009
DE LA CÁMARA DE SENADORES, CON EL QUE REMITE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PRESENTADA POR RICARDO MONREAL ÁVILA Y ALEJANDRO GONZÁLEZ YÁÑEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
México, DF, a 13 de octubre de 2009.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a usted que en la sesión celebrada en esta fecha, los senadores Ricardo Monreal Ávila, Alejandro González Yáñez y senadores de diversos grupos parlamentarios, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del Código Fiscal de la Federación.
La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Ricardo Monreal Ávila y Alejandro González Yañez, senadores de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, y varios senadores de diversos grupos parlamentarios, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del pleno del Senado de la República la siguiente iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del Código Fiscal de la Federación, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La economía mexicana atraviesa por una de las peores crisis de su historia, se estima que durante el presenta año la contracción del producto interno bruto (PIB) será de 7 por ciento.
En la actualidad existen casi 3 millones de desempleados y más de 12 millones de personas se encuentran subempleadas, existe una pérdida de al menos 44 por ciento en el poder adquisitivo de las personas y el número de personas en pobreza alimentaria se ha incrementado en 6 millones durante los dos últimos años.
Ante estos pobres resultados es evidente que el gobierno federal no ha sabido enfrentar la crisis económica internacional, pues las medidas hasta ahora implementadas sólo han buscado proteger a un grupo selecto de personas y empresas, en detrimento de la sociedad en su conjunto.
Las necesidades de la economía nacional, tanto en materia de desarrollo social como en materia de infraestructura económica e inversión, son muy superiores a la actual recaudación de impuestos y, por lo tanto, deben cubrirse en una parte significativa con ingresos petroleros, los cuales representan la venta de un activo no renovable.
El agotamiento del petróleo, como recurso no renovable que es, y la falta de inversión en el sector energético han obligado a Pemex a posponer su modernización, la adquisición de nuevas tecnologías y la ejecución de proyectos prioritarios para satisfacer la demanda nacional de productos elaborados con base en el petróleo.
Es importante mencionar que aun y con los ingresos petroleros históricamente altos en los últimos cinco años, el déficit por necesidades no atendidas en los renglones señalados asciende a, cuando menos, tres puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB).
Esta situación, al no haberse corregido, presenta riesgos muy altos para la economía nacional, entre los que destaca el desequilibrio fiscal y la pérdida de la estabilidad financiera del país, sin mencionar los riesgos sobre los flujos de inversión extranjera aunados a los rezagos en sectores estratégicos para bienestar de la gente.
Bajo el pretexto de corregir la situación antes descrita, el gobierno federal ha propuesto incrementos en la mayoría de los impuestos que cobra la federación, así como la creación de una nueva contribución denominada "contribución para el combate a la pobreza", la cual será de 2 por ciento y se aplicará sobre todas las ventas de bienes y servicios, incluyendo los alimentos y las medicinas, y de manera adicional al impuesto al valor agregado (IVA).
Adicionalmente, se proponen incrementos en la tasa del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) para cigarros y bebidas alcohólicas, juegos y sorteos, y a las telecomunicaciones; así como al impuesto sobre la renta (ISR) y al impuesto sobre los depósitos en efectivo (IDE). La propuesta incluye también alzas en los precios de las gasolinas, gas natural y tarifas eléctricas.
En este sentido resulta obvio que la propuesta del Ejecutivo federal es inviable en virtud de que por un lado, la pérdida de al menos 44 por ciento en el poder adquisitivo del salario al mes de junio del presente año, aunado al desempleo y subempleo, hace imposible incrementar la carga fiscal de las personas físicas o el incremento de los bienes y servicios públicos.
Mas aún y cuando de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Egresos de los Hogares (Enigh 2008): entre 2006 y 2008, el porcentaje de personas en condición de pobreza alimentaria a nivel nacional aumentó de 13.8 por ciento a 18.2 por ciento (6 millones de personas).
Por el lado de las empresas significaría dañar más su competitividad y posibilidades de recuperación, sobre todo en el caso de las gasolinas, energía eléctrica, gas y el impuesto a las telecomunicaciones.
La estrategia es contraria a lo que se hace en otros países que han bajado impuestos para fomentar el consumo; por ejemplo, Estados Unidos, Argentina y Brasil.
Es pertinente señalar que la propuesta del Ejecutivo federal deja intactos los regímenes fiscales preferenciales para las grandes empresas (consolidación fiscal, depreciación de activos fijos y terrenos, operaciones en la bolsa de valores, donativos y campañas de redondeo), por lo que su pago del ISR no necesariamente se incrementara por efecto de una mayor tasa impositiva.
Por ello, la mayor parte del incremento en la recaudación, 91 mil 784.4 millones de pesos, provienen del consumo directo o indirecto de los agentes económicos (53.4 por ciento).
Así, por ejemplo, un asalariado o una persona física tendrá un menor ingreso disponible debido a un mayor pago de ISR (2 por ciento más, que no podrá eludir), y tendrá otro cargo adicional de 2 por ciento debido a la "contribución para combatir la pobreza", este último será independiente de su nivel de ingreso, puesto que sea rico o pobre tendrá que pagar esta contribución que, en términos prácticos, es como si enfrentara un IVA de 17 por ciento.
Lo anterior implica gravar más a quien menos tiene, convirtiendo en regresiva esta estrategia y acentuándose en el caso de los alimentos y medicinas.
Para nosotros los rezagos que nuestro país enfrenta en materia de educación, salud, alimentación, infraestructura productiva, energía, seguridad social y vivienda hacen urgente la necesidad de incrementar de manera eficaz y eficiente el gasto destinado a estos sectores.
Así por ejemplo, nuestras importaciones de alimentos superan los 25 mil millones de dólares anualmente, en la actualidad importamos 82 por ciento del arroz que consumimos, 53 por ciento del trigo, 35 por ciento de la carne de cerdo, 27 por ciento del maíz y 27 por ciento de la carne de res.
En el caso de salud, existen problemas de cobertura y de abasto de medicamentos, prueba de ello fue la "crisis de la influenza", en donde una enfermedad que de origen no es mortal, terminó causando la muerte de mexicanos por falta de atención oportuna y por la desnutrición de la población.
En materia de energía e infraestructura basta señalar las cuantiosas importaciones de gasolina y productos petroquímicos, incluyendo fertilizantes, problemas de abasto de agua y de la infraestructura carretera.
En seguridad social, las raquíticas pensiones que reciben los jubilados y el problema de los ahorros de los trabajadores son evidentes.
Por lo que se refiere a la educación, tan sólo este año, alrededor de 7.5 millones de jóvenes quedaron sin acceso a las universidades.
Esta debilidad financiera, a la que la hacienda pública está expuesta, ha generado múltiples presiones para ceder al capital privado diversas actividades que son una obligación constitucional del Estado mexicano, uno de ellos ha sido el sector energético en donde, debido a la falta de recursos, se han cedido al capital privado importantes eslabones de la cadena productiva, perdiendo con ello la sinergia potencial entre diversas actividades industriales y comerciales que tiene cualquier empresa petrolera integrada, como lo es Pemex, con el resultado de una pérdida de valor económico para todos los mexicanos.
No podemos olvidar que la recaudación del ingreso tributario ha sido baja y ha fluctuado en los últimos 20 años entre 10 por ciento y 11 por ciento del producto interno bruto; mientras que en otros países, incluso aquellos que se clasifican como en vías en desarrollo, la recaudación excede a 15 por ciento y en algunos casos llega hasta el 20 por ciento.
Dicha debilidad de recaudación de ingreso tributario (calculada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 5 por ciento del PIB), ha obedecido, entre otros factores, a múltiples beneficios fiscales otorgados a sectores económicos mediante exenciones o autorizaciones para diferir el pago de impuestos.
En concreto, en la Ley del Impuesto sobre la Renta se establecen regímenes de privilegio para determinados sectores empresariales de nuestro país, que los benefician de manera indebida en detrimento de una mejor recaudación federal y del principio constitucional de justicia fiscal, establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna.
Esa gama de privilegios, instituidos en diferentes tiempos por el Congreso federal, han impedido que las finanzas públicas tengan un verdadero sentido redistributivo de la riqueza en perjuicio de los sectores de mayor rezago social de México.
En la actualidad, se da la paradoja que el sistema tributario mexicano, en la vertiente del impuesto sobre la...
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