Codigo de procedimientos penales para el Estado de Queretaro

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CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO.

TEXTO ORIGINAL

Ley Publicada en el Periódico Oficial del Estado "La Sombra de Arteaga", el 06 de Julio de 1989.

LIC. MARIANO PALACIOS ALCOCER, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, a los habitantes del mismo, sabed que:

LA CUADRAGESIMA NOVENA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE QUERETARO ARTEAGA, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 63 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, APROBÓ EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE QUERETARO

LIBRO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

TITULO PRIMERO

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

El imputado gozará de los derechos que le otorgan la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados celebrados por la República, la Constitución y las leyes penales del Estado de Querétaro, y podrá ejercerlos desde el momento en que se inicien las diligencias de preparación del ejercicio de la acción penal en su contra hasta la terminación del procedimiento y la ejecución total de la pena.

Todo imputado se presumirá inocente mientras no se pruebe en el proceso su culpabilidad conforme a la ley.

El Ministerio Público tiene la carga de la prueba de los hechos imputados y de la culpabilidad. Toda duda se debe resolver a favor del imputado, cuando no pueda ser eliminada.

Las disposiciones de la ley que afecten la libertad del imputado o limiten el ejercicio de sus derechos, se interpretarán restrictivamente.

Todo individuo tiene derecho a ser juzgado en el plazo señalado constitucionalmente. La prisión preventiva no podrá prolongarse por más tiempo del que fije la ley, como máximo, al delito que motivare el proceso.

El derecho de defensa es inviolable en todo grado y estado de los procedimientos penales.

El imputado tendrá derecho a la asistencia de un defensor desde que se inicien las diligencias de preparación del ejercicio de la acción penal hasta la terminación del proceso; a ser informado, en el momento de su detención, de las razones de la misma y a que se le reciban, dentro del plazo legal, las pruebas que ofrezcan en relación con los hechos imputados.

El imputado no podrá ser compelido, por medio alguno, a declarar en su contra. La confesión coaccionada será nula. No tendrá ninguna validez la confesión de una persona a quien no se le haya dado oportunidad de designar defensor.

La persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la Policía Judicial, la cual estará bajo la autoridad y mando inmediato de aquél.

La imposición de las penas y las medidas de seguridad es propia y exclusiva del Poder Judicial.

Nadie podrá ser penado o sometido a una medida de seguridad sino mediante proceso seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Nadie puede ser perseguido o juzgado penalmente dos veces por los mismos hechos, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. No puede absolverse de la instancia.

En todo proceso, la sentencia de primera instancia será dictada en un plazo no mayor de cuatro meses, si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena máxima excediera de ese tiempo.

En la segunda instancia, la sentencia será dictada en un plazo máximo de dos meses, si se impugna un auto, y de cuatro meses si se recurre una sentencia definitiva.

TITULO SEGUNDO

SUJETOS PROCESALES

CAPITULO I

EL JUZGADOR

La jurisdicción penal se ejercerá por los juzgados y tribunales que la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado instituyen.

La competencia de dichos órganos será improrrogable e irrenunciable.

Corresponderá a los órganos jurisdiccionales del Estado determinar, con sujeción a las disposiciones de este Código y de las leyes penales, cuando una conducta es o no constitutiva de delito; declarar la responsabilidad o no responsabilidad del imputado; imponer las penas y las medidas de seguridad; y condenar al pago de la reparación de daños y perjuicios.

Si el delito se hubiere cometido fuera del territorio del Estado, pero hubiere producido sus efectos dentro de éste, será competente el juzgador del lugar en el que se hayan producido tales efectos; si éstos se hubieren producido en más de una circunscripción, será competente el juzgador que haya prevenido en la causa.

Para conocer de los delitos permanentes o continuos y continuados, será competente, a prevención, cualquiera de los jueces dentro de cuya circunscripción territorial se hayan ejecutado actos que por si solos constituyan el delito imputado o se hayan producido efectos de éste.

Si fuere dudoso o desconocido el lugar donde se cometió el hecho, será competente el juzgador que haya prevenido en la causa.

Para determinar la competencia, cuando deba tenerse por base la pena que la ley señale, se atenderá:

I.- Al máximo de la pena que fije al delito la ley, y

II.- A la pena privativa de libertad cuando la ley imponga varias de distinta naturaleza.

Los procesos que se sigan por delitos conexos deberán acumularse y será competente:

I.- El juzgador que deba conocer del delito que tenga señalada la pena más grave, o

II.- El juzgador que haya prevenido en la causa, si los delitos estuvieren sancionados con la misma pena.

(Casos de conexidad).- Los delitos son conexos:

I.- Cuando han sido cometidos por varias personas conjuntamente;

II.- Cuando han sido cometidos por varias personas en distintos lugares o tiempos, si ha mediado acuerdo entre ellas;

III.- Si se han cometido para perpetrar o facilitar la comisión de otros, o para procurar al responsable o a otros la impunidad, o

IV.- Cuando se trata de concurso de delitos, si a una persona se imputa la comisión de varios delitos.

(F. DE E., P.O. 24 DE AGOSTO DE 1989)

ARTICULO 15 (Competencia provisional en el plazo constitucional)

Cuando el Ministerio Público indebidamente inicie el ejercicio de la acción penal con detenido, ante un órgano jurisdiccional sin competencia en el caso de que se trate, dicho órgano deberá dictar auto de radicación y llevar a cabo todos los actos de la preparación del proceso, hasta dictar el auto de procesamiento o de libertad por falta de elementos para procesar, dentro del plazo previsto en el artículo 19 de la Constitución Federal. Una vez pronunciado el auto de procesamiento, ordenará se remita el expediente al juez que considere competente, poniendo a su disposición al procesado, para que continué la sustanciación del proceso. Será valido lo actuado por el juez incompetente en los términos de este artículo.

Cuando dos juzgadores del Estado se declaren competentes o incompetentes para juzgar de un mismo hecho, el conflicto será resuelto por el Tribunal Superior de Justicia.

Los conflictos de competencia que se susciten entre los juzgadores del Estado con los de otra u otras entidades federativas o con los de la federación, serán resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 106 de la Constitución Federal y en los términos que establezca el Código Federal de Procedimientos Penales.

En cualquier etapa del proceso, con la salvedad prevista en el artículo 15 de este Código, el juzgador estará facultado para declararse de oficio incompetente para conocer de determinado asunto y ordenar su remisión al juzgador que considere competente.

Las partes podrán promover las cuestiones de competencia por medio de la declinatoria o de la inhibitoria, en los términos previstos en este Código.

Los magistrados, los jueces y los secretarios deben excusarse de conocer los asuntos en que intervengan, cuando tengan impedimento legal.

El procedimiento de sustitución se sujetará a lo que señala la Ley Orgánica del Poder Judicial.

CAPITULO II

EL MINISTERIO PUBLICO Y LA POLICIA JUDICIAL

(Funciones del Ministerio Público).- Compete al Ministerio Público llevar a cabo la preparación del ejercicio de la acción penal, y ejercer la acción penal ante los Tribunales del Estado, en los casos en que resulte procedente.

(Facultades del Ministerio Público en la diligencias de preparación del ejercicio de la acción penal).- En las diligencias de preparación del ejercicio de la acción corresponderá al Ministerio Público:

I.- Recibir las denuncias y querellas que le presenten en forma verbal o por escrito sobre los hechos que puedan constituir delitos del orden común;

II.- Practicar u ordenar la práctica de todos los actos conducentes a la comprobación del cuerpo del delito y a la demostración de la responsabilidad del indiciado;

III.- Solicitar a la autoridad jurisdiccional las medidas precautorias de arraigo o de aseguramiento patrimonial que resulten indispensables para los fines de las diligencias de preparación del ejercicio de la acción penal, así como las órdenes de cateo que procedan;

IV.- Dictar todas las medidas y providencias necesarias para proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas;

V- Restituir al ofendido en el goce de sus derechos, provisional e inmediatamente, de oficio o a petición del interesado, cuando esté comprobado el cuerpo del delito de que se trate, y exigiendo garantía suficiente si lo estimare necesario. Esta facultad no procede cuando se trate de bienes inmuebles.

VI.- Determinar conforme a las disposiciones de este Código, su reserva o bien el ejercicio o no ejercicio de la acción penal, y

VII.- Ordenar o llevar a cabo todos aquellos actos que le corresponda realizar, conforme a la ley, para la práctica y conclusión de las diligencias de preparación del ejercicio de la acción penal.

En ejercicio de la acción penal, corresponde al Ministerio Público:

I.- Promover la iniciación del procedimiento ante el Órgano Jurisdiccional.

II.- Solicitar las órdenes de aprehensión y de comparecencia que estime procedentes;...

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